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RESOLUCIÓN Nº 017/18

RESOLUCIÓN Nº 017/18.-

Neuquén, 31 de Julio de 2018.-

 

 

VISTO:

 

 

Los autos: “Consejo de la Magistratura s/ llamado a concurso para cubrir un cargo (1) de Juez de Cámara, Categoría MF2, con destino a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, de Minería y Familia de la I Circunscripción Judicial, con asiento de funciones en la ciudad de Neuquén (Concurso Público N° 142); y,

 

CONSIDERANDO:

 

Que a fs. 440/445 vta., el Dr. Luis Pablo Trani, interpone impugnación contra las calificaciones que a su respecto efectuara el Jurado interviniente en la etapa técnica del referido Concurso.

 

Que conforme surge de las constancias de notificación agregadas en las actuaciones, dicha impugnación ha sido presentada en término, por lo que procede considerarla admisible, resolviendo el fondo de las cuestiones planteadas.-

 

Que vencido el plazo reglamentario se corrió traslado al Jurado interviniente de la impugnación impetrada por el citado postulante contra la etapa de evaluación técnica.-

 

Que, en fecha 25/07/18, ingresa respuesta al traslado conferido, confeccionado en forma consensuada por los miembros del Jurado.-

 

Que, el referido informe, glosado a fs. 463/465, reza textualmente: “…Mario E. Kaminker y Pablo G. Furlotti, ambos integrantes del jurado académico en el marco del Concurso Nro. 142 del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Neuquén, en cumplimiento a lo establecido por el art. 32 del reglamento de Concursos del mencionado Consejo, contestamos la vista de la impugnación que en tiempo oportuno formulara el concursante Dr. Luis Pablo Trani. El postulante impugna las calificaciones individuales otorgadas a su respecto sobre los exámenes escrito y oral. A.- Respecto del examen escrito reseña algunas características de las consignas establecidas. Hace constar que conforme expresa el jurado la redacción respecto de la consigna es objetable. El jurado ha entendido como relevante, en el ámbito de las resoluciones judiciales, la necesidad de resolver en modo claro, definido y expreso, la pretensión de la aplicación del artículo 133 del Código Procesal, en tanto la descripción de los hechos generaba, en principio, la aplicabilidad de dicho dispositivo.

 

“Ello así, no era suficiente la invocación de normas constitucionales sin dicha expresa decisión. En tal sentido, los diversos hechos supuestos y a que se alude en la impugnación no conllevan la inaplicabilidad de la norma expresa del plexo procesal. Estos jurados hacen constar que lo expuesto no significa, en modo alguno, desvalorizar la experiencia y méritos del concursante, sino y solamente, la expresión de disconformidad o desacuerdo con la solución arribada y el modo y sustancia de su fundamento. Tal es el sentido en que debe entenderse la expresión no suficientemente fundada que se adjudica a la solución arribada. En lo que respecta a la remisión de las actuaciones no pareciere ser el caso supuesto del inciso citado del artículo 250 del Código Procesal, sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 283 del mismo cuerpo legal. En lo referente a la consigna 2, el primer párrafo alude a los aspectos formales, lo que no implica contradicción con lo que luego se expone. Menciona el impugnante que no se ha supuesto respecto de la escritura pública acompañada por la actora, lo que a juicio de este jurado, tratándose de una probanza agregada por la pretensa cautelante, atento el tenor de sus constancias, constituía óbice relevante para determinar la existencia de verosimilitud, recaudo éste esencial para la resolución favorable de la cautelar. A juicio de este jurado la mención genérica a la prueba documental no sustituye la necesidad del análisis circunstanciado de dicha probanza.

 

“En lo que respecta a los párrafos aludidos bajo el acápite h) cabe exponer: 1.- Que es evidente la diferencia de criterio en cuanto a los recaudos para posibilitar el dictado de una medida innovativa entre el impugnante y quienes suscriben. 2.- Por otra parte, a nuestro juicio, para la apreciación respecto de la procedencia de medidas cautelares no existe normativa que determine que, tratándose de libertad de expresión, sea necesario arribar a una decisión de mérito para, sobre su base, dictar la medida. Los derechos constitucionales y muy especialmente la libertad de expresión, que constituye base esencial de la democracia, generan garantías especiales, tales como la del artículo 32 de la Constitución Nacional. La diversidad de conceptos, apreciaciones y decisiones constituye también base esencial, en punto a su reflexión, del arsenal técnico e intelectual de quienes profesan el derecho. La novedad del artículo 1711 del CCyCN no determina excepción alguna, pese –reiteramos- a su novedad. Este jurado considera suficientemente fundada la calificación propuesta. B.- Respecto del examen oral: Este jurado entiende adecuada la proposición. En tal sentido, cabe considerar que la atribución de generalidad respecto a la incidencia en los nuevos paradigmas de pautas sobre positivismo y jusnaturalismo no constituye secuencia admisible, ya que la apertura a lo axiológico ha sido conllevada por las teorías y prácticas de lo constitucional y supranacional, volcadas en los instrumentos internacionales y supranacionales. La importancia filosófica del tema, tal y como todo el constitucionalismo social, entre otros, no alcanza a tornar en concreto aquello que no avizora ser tal. En lo que respecta a la razonabilidad de las sentencias, este jurado no ha advertido que ello fuera analizado por el impugnante en su exposición. En lo atinente a la carga de la prueba, sin perjuicio de la cita legal, entiende este jurado que la respuesta sobre cuál es el momento procesal en que el juzgador debe recurrir a la teoría de la carga de la prueba es aquel en que, al tiempo del dictado de sentencia aparece que en las actuaciones no se ha arrimado prueba suficiente, ya sea rogada por las partes o incorporada oficiosamente, que permita tener como probados los extremos fácticos articulados por las partes. Añádase a ello la prohibición de absolver la instancia. No se trata de un planteo caprichoso, sino de la base misma de la institución. La cuestión relativa a las cargas dinámicas de la prueba no es, ni con mucho, abarcativa de la institución en su núcleo central. En lo que respecta al artículo 7 del Código Civil y Comercial, en relación a la aplicación de la ley en el tiempo en los juicios de divorcio, se trata de cuestión que ha sido ampliamente discutida por la doctrina y la jurisprudencia, en múltiples trabajos y fallos, pudiendo citarse los trabajos de Rivera y Kemelmajer de Carlucci. Sin polemizar al respecto, la respuesta dada en relación al daño no patrimonial en las personas jurídicas, careció, a juicio de los suscriptos de la mínima concreción necesaria. No ingresarán estos jurados a la discusión minada de calificativos, que cuanto menos aluden a lo injusto, incomprensible, desproporcionado, dispar, no prudente, infundado metodológicamente, incorrecto, entendiendo que no corresponde dialogar al respecto. En virtud a los argumentos brindados, más allá de la esforzada y esmerada crítica del postulante en la presentación que se contesta, entendemos que corresponde rechazar la impugnación efectuada por el concursante Dr. Luis Pablo Trani. Fdo). Dr. Mario E. Kaminker y Dr. Pablo G. Furlotti”

 

Que, en Sesión ordinaria del día de la fecha, plasmada en Acta N° 028/18 se tomó conocimiento de la decisión del Jurado, teniendo por contestado el traslado conferido.-

Por ello,

 

EL CONSEJO DE LA MAGISTRATURA DE LA PROVINCIA DEL NEUQUÉN RESUELVE:

 

Artículo 1º: RECHAZAR la impugnación deducida por el postulante Luis Pablo Trani contra la etapa de evaluación técnica del Concurso Público Nro. 142, por lo expuesto en los considerandos que forman parte de la presente.

 

Artículo 2º: REGÍSTRESE. Notifíquese.